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Opinion ciudadana

Acabó la diáspora del Jefazo, gracias a la sumisión de la justicia boliviana.

El anuncio de la Canciller, Karen Longaric, confirmando que el ex presidente, Juan Evo Morales Ayma, fue invitado a la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca, como Presidente y Vicepresidente de Bolivia para la gestión 2020-2025, tiene dos connotaciones. Por un lado, acaba con el veto político del gobierno de transición y en segundo lugar, es la firma de la derrota de la “revolución de las pititas”, que lo hizo renunciar el pasado mes de noviembre; quizá por eso, el gobierno de Jeanine Añez decidió no cargar con esa claudicación histórica, dio marcha atrás y decidió no invitarlo por “hostil”. Pero eso no impide que Morales vuelva al país después del acelerado alineamiento de la justicia al cambio de timón político.

Un año después, el llanto y la tristeza que sintió Evo junto a sus colaboradores, cuando desde el aeropuerto de Chimoré partió para el exilio en México, se convierte en algarabía porque vuelve rodeado de un aurea de victoria y revanchismo ante el triunfo electoral del MAS el pasado 18 de octubre. Sus encendidas declaraciones anunciando juicio a quienes, orquestaron el “golpe de estado”, tanto en el exterior como en el país, hacen presumir que no existe autocrítica en el caudillo y su golpeado ego reclama venganza.

El mensaje fue claro y ya hay respuesta a su favor en dos poderes del Estado: El Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una justicia adicta con magistrados, jueces y fiscales que asumieron durante su gestión y fueron cómplices de la judicialización de la política y su perpetuación en el poder, cambió la lentitud para investigar las denuncias por terrorismo, narcotráfico, sedición y estupro contra Evo y las principales autoridades retenidas en la Embajada de México en La Paz, por una acelerada contestación favorable que le permite volver al país, ante la revocatoria de la orden de detención que pesaba en su contra.

No solo eso. El pasado 25 de octubre, el juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro Quisbert, dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Héctor Arce Zaconeta, exministro de Justicia de Evo Morales, asilado en la residencia de la embajada de México. Según su reporte, la ex autoridad solicitó levantar la orden de aprehensión por el caso de fraude electoral, bajo el argumento de que no había sido notificada con el inicio del proceso y que no había tenido acceso al cuaderno de investigaciones.

Más llamativo y sorpresivo fue el fallo del pasado sábado 31 de octubre emitido en favor del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana entre gallos y medianoche. La juez tercera anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, en declaraciones a la red televisiva Cadena A, justificó que dejó sin efecto una orden de aprehensión sobre Quintana, investigado por sedición y terrorismo, entre otros delitos, porque se vulneraron derechos a la ex autoridad y sobre todo porque hubo errores de procedimiento.

La misma juez, casi a la medianoche del mismo sábado, liberó también al dirigente Faustino Yucra, que tuvo contacto con Morales en una controvertida conversación donde se daba la orden de “dejar sin alimento a las ciudades” durante las revueltas de octubre y noviembre del año pasado.

Según reporta el diario El Deber en su edición del 1 de noviembre, no es la primera vez que la Juez es cuestionada. En 2018 fue suspendida por un año del ejercicio profesional por el Colegio Nacional de Abogados, según una nota de la red Erbol, de esa época. En aquel entonces fue procesada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados debido a que cuando era fiscal emitió una resolución a favor de una demandada y posteriormente, apareció como abogada de esa misma persona. Ese mismo año, también tuvo un altercado con una periodista de ATB, a la que retuvo por la fuerza en su despecho. Por este hecho, incluso, el Consejo la Magistratura amenazó con hacerle un proceso disciplinario.

Recordemos que, en junio pasado el ex ministro de gobierno, Carlos Romero logró salir en libertad con arresto domiciliario. El juzgado décimo primero de sentencia en lo penal del departamento de La Paz, actuando como juzgado de garantías, ordenó al juez primero Anticorrupción, Alan Zárate, fije en lo inmediato audiencia para considerar la cesación preventiva de la ex autoridad. Romero está investigado por el favorecimiento a un “clan familiar”, cuando la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico contrató a la empresa Horizontal Aviación SRL por más de USD 60 millones para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de unidades aéreas Diablos Negros y Rojos. Según la denuncia, entre 2013 y 2018 la UELICN hizo negociaciones con una empresa con un determinado dueño, también realizó compras a otra firma, cuyas propietarias son hijas del empresario. Además, la institución alquilaba el hangar a la esposa del mismo sujeto.

Por su parte, la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprovechando el rodillo de los dos tercios que manejó el caudillo cocalero durante su gestión, le dio dos regalos: modificó el reglamento de debates eliminando los 2/3 tanto en el Senado como en Diputados y la Comisión Especial Mixta de Investigación, instruyó el juicio de responsabilidades y juicio ordinario para la presidente Jeanine Añez y los principales miembros de su gabinete, por los hechos de Sacaba y Senkata y el Decreto Supremo 4078.

Que los astros nuevamente se alineen en el horizonte de Morales no parece que sea del agrado de las nuevas autoridades electas porque basaron su estrategia en el cambio dando por cerrada la era del caudillo. Desde la oposición, es mayor la preocupación tomando en cuenta que en su gestión el accionar del poder judicial fue tolerante con su régimen, con un tratamiento que negó sistemática y abusivamente a decenas de ciudadanos bolivianos la justicia y víctimas de la judicialización de la política, fueron perseguidos con saña o encarcelados por años.

Ante ese panorama, no sorprende que el anuncio de su arribo crispe los ánimos de la ciudadanía y en varios departamentos haya ciudadanos que protestan en las calles por los resultados electorales y reclamen una explicación del Tribunal Supremo Electoral. Desde el Comité pro Santa Cruz, presentaron una demanda en el Palacio de Justicia pidiendo una auditoría y entregaron como prueba de irregularidades más de 400 actas. La senadora Carmen Eva Gonzales, también presentó un amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pidiendo la suspensión de juramento y posesión de Luis Arce y David Choquehuanca, hasta que se realice una pericia informática y una auditoria a todo el padrón electoral de las elecciones del pasado 18 de octubre.

A la convulsión social producto de las dudas que tiene parte de la ciudadanía con los resultados electorales, se suma la provocadora decisión de los parlamentarios del régimen de Evo Morales, que, desoyeron el mandato popular dado en las urnas, de evitar el abuso de poder no favoreciendo con dos tercios en el parlamento a ningún partido político, para que las fuerzas minoritarias de oposición tengan la capacidad de fiscalizar al poder Ejecutivo.

Mientras tanto, el caudillo cocalero, que tiene el récord de ejercicio ininterrumpido al mando del país por casi 14 años; que pretendía quedarse en el poder a toda costa, no desaprovecha ninguna ocasión para mostrar que goza del apoyo local e internacional. Su reciente aniversario 61 fue la oportunidad para masajear su atribulado ego. Anunció que, en su teléfono, desde las cero horas, no paró de recibir felicitaciones y coordina con los dirigentes cocaleros su retorno soñado al país. A recluirse en el trópico cochabambino dedicado a la piscicultura, dice…

Opinión ciudadana de: Daniel Castro Saavedra (periodista)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia – noviembre/2020.
2020-11-02 11:45:38

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